Encendidos y necesarios debates ha despertado el reciente decreto 883/2018 del Poder Ejecutivo nacional, modificatorio de su antecedente (dec. 727/2006), en cuanto a los alcances que concedería al empleo de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Uno de los ejes centrales de la polémica resulta la compatibilidad de la reforma con las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24.059), lo cual, de no configurarse, originaría su invalidez por inconstitucional (art. 99.2, CN). Ahora bien, si algo quisiéramos aportar a esa lid, es la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un tanto ausente en los planteos. Lo haremos, por cierto, centrándonos en los instrumentos internacionales que, a partir de 1994, revisten jerarquía constitucional (idem, art. 75.22, según párrafo).

Mas ¿qué nos dicen esos instrumentos y, sobre todo, sus intérpretes más autorizados en el plano internacional?(1). A. El caso de México es paradigmático(2). Ya para el año 1999 el Comité de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o sea el órgano que supervisa en el orden universal la observancia, por los Estados parte, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su examen del cuarto informe periódico mexicano, después de transmitirle su “preocupación” por “la creciente intervención de los militares en la sociedad”, le expresó, a modo de recomendación: “el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles”(3). Posteriormente, para 2010, tras advertir la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones de 1999 que acabamos de mencionar vinculadas con el “despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública”, reiteró su “preocupación” por “el papel que cumplen las fuerzas armadas para garantizar el orden público y las denuncias cada vez más numerosas de violaciones de derechos humanos que al parecer son perpetradas por militares”